domingo, 18 de mayo de 2008

En defensa de la seguridad alimentaria y el trabajo argentino

De acuerdo con un informe de la Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas (FAO, según sus siglas en inglés), los precios internacionales de los cereales han continuado subiendo durante los dos últimos meses. “Una combinación de factores, como una menor producción debida al cambio climático, reservas con niveles históricamente bajos, mayor consumo de carne y productos lácteos en países emergentes, mayor demanda para la producción de biocombustibles y un mayor coste de la energía y el transporte han originado estas subidas del precio de los alimentos”, según explicara el Director General de la FAO, Jacques Diouf. En los Estados Unidos, el precio de las pastas secas se incrementó 20% desde octubre pasado, y el de la harina aumentó poco más del 19% desde mediados de 2007. Más aún, en ese país los precios de los alimentos y de las bebidas están aumentando a razón de 4% al año, el mayor crecimiento en casi dos décadas. Muchos países productores, a raíz del aumento de los precios, han tomado medidas para evitar que esa expansión en los mercados internacionales se traslade a sus mercados internos. Por caso, la asociación de panaderos de los Estados Unidos sugirió que las exportaciones de trigo de ese país debían ser suspendidas. Vicky Hird, activista ambiental especializada en alimentación y que pertenece a la organización “Amigos de la Tierra”, dijo que “la producción de alimentos debe sufrir un cambio radical para prevenir una catástrofe global. Se deben dejar de priorizar los beneficios del negocio agrícola por sobre el bienestar de millones de personas pobres de todo el mundo”. Sorprendentemente, parecería ser que en el único país en el que el incremento de precios de los alimentos tiene impacto en el índice de precios al consumidor, y genera polémica, es la Argentina. Esto no es así. En Estados Unidos, España y Francia, entre otros, los consumidores –y la prensa- se cuestionan cada vez más si el índice de precios refleja fehacientemente la realidad cotidiana de los precios. Una vez más, los precios de los commodities, si se dejara actuar libremente al mercado, afectaría el nivel de vida de los argentinos. Hoy, por la inflación que conlleva; en los ’90 -a través de la apertura indiscriminada-, afectando a la producción local e impulsando la pérdida de puestos de trabajo. Por eso es importante que la acción del Estado permita convertir –mediante la utilización de instrumentos de política pública- la desventaja del encarecimiento de los alimentos en beneficios para la totalidad de la población, al ser un país productor de mercancías con demanda mundial y precios crecientes.

Hace unos días, el Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, afirmaba en estas páginas que “gran parte de la inflación que enfrenta la Argentina se puede comparar con lo que ocurre en todo el mundo con la suba de productos energéticos y agrícolas. Esta inflación es muy distinta de la inflación clásica creada por la demanda interna. Es mayor en los países en vías de desarrollo porque tiene mayor impacto en la canasta alimentaria”. También agregaba que “los precios de los commodities están en aumento y hay pocos instrumentos para [detener] esos precios galopantes; uno de ellos son las políticas de impuestos a las exportaciones”. Resistidas por los sectores agrícolas, las retenciones a la exportación de granos no son las portadoras de todos los males, según anuncian a diario los miembros del establishment económico local. Por el contrario, según un exhaustivo análisis de Javier Rodríguez y Nicolás Arceo, la adopción de un tipo de cambio “competitivo” determina una matriz de distribución de la renta agraria distinta, “una parte de la misma es transferida al Estado, quien resulta mediador en la apropiación de renta entre el sector agropecuario .…y el destino final de ésta. Otra porción de renta contribuye a abaratar los precios de los alimentos y, de esta forma, disminuye el costo de la fuerza de trabajo permitiendo un abaratamiento de la mano de obra e incrementando la competitividad externa de la economía”. Es evidente que los instrumentos tradicionales para bajar la inflación como la retracción de la demanda, la suba de las tasas de interés y la revaluación de la moneda local, propuestos en toda ocasión y lugar por los economistas ortodoxos, resultarían inútiles ante las actuales circunstancias internacionales. Como algunos pocos economistas se animan a afirmar en público: “la mejor forma de distribuir el ingreso es cobrar impuestos”. Si echamos mano de la Distribución Funcional del Ingreso -que señala cuánto de lo producido por la economía va a los trabajadores y cuánto queda en las empresas-, como herramienta de análisis del proceso de crecimiento y desarrollo de la economía, así también como marco de análisis de la equidad distributiva, nos encontramos -según los datos elaborados por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC-, que a fines de 2007, la masa salarial representaba el 43% del producto bruto interno (PBI) medido en precios corrientes. Aún no llega al índice del 50% estimado para la década de 1950, pero la tendencia sigue siendo positiva.

La mejora en las condiciones de vida de la población requiere mantener el tipo de cambio diferencial actual, en base a las retenciones a la exportación. Cualquier otro camino, se hará a expensas del crecimiento de la economía y del desarrollo de los sectores más desprotegidos de la sociedad.


sábado, 17 de mayo de 2008

Al fin alguien lo dice con todas las palabras...el campo negrea su producción

Ya lo dijimos hace un tiempo. Y también lo dijo Zaiat ayer, los productores agropecuarios no declaran la totalidad de sus cosechas. En este punto, no le pueden echar la culpa a los traders, ellos compran "en blanco", obvio, la maniobra la hace el que vende, por subdeclaración, usando empresas fantasmas o directamente vendiendo todo en negro.

En una nota de hoy, Raúl Delatorre detalla una de las, para mí, mayores razones por las cuales los "golpistas agropecuarios" no aceptan el sistema de compensaciones: la falta de blanqueo de su actividad. A ojo de buen cubero, y a partir de datos que recogí entre amigos y parientes del campo, se dan usualmente dos situaciones. Una, que toda la actividad de cultivo sea en negro. Con la ya remanida frasecita justificatoria que repite el "chacarero" MarianoT. , argumentando que la presión fiscal haría desaparecer a los pequeños productores (¿entonces qué no queda a los trabajadores en relación de dependencia que nos resulta imposible evadir?) No justifico de ninguna manera la evasión, creo -como muchos- que en un país normal se deben pagar impuestos, las justificaciones acerca de que son muy altos, etc, es puro palabrerío justificatorio de delicncuentes, porque cuando proponen modelos, nos hablan de países donde la presión fiscal es mucho más alta, y ellos ahí no vivierían ni trabajarían.
Como decía, el otro método para evadir es declarar un rinde mucho menor, entre 25 y 30%. Los productores sojeros de la zona núcleo, y ojo, hablo de gente que cultiva 600 hectáreas, que ni siquiera son propias, practican habitualmente esta maniobra. En vez de los 42 quintales que sacan, declaran 30/32 por hectárea. ¿El resto a quién se lo venden? Al mercado interno, molinos, productos de forraje, etc. ¿Qué hacen con ese dinero? Pasa a formar parte de los inumerables fideicomisos que se constituyen en la Pcia de Bs. As. ¿No es cierto Mariano? ¿Qué se hace con esos fideicomisos? Se utilizan para la construcción de edificios, la compra de edificios completos, en síntesis operaciones con inmuebles en general, depedenderá de la creatividad de quien gerencie el fideicomiso. ¿Esto como lo sé? Porque tengo un pariente que vive de este negocio. Así que "golpistas chacareros, no me vengan a decir que no es cierto. Como reafirmación de las razones del "golpe del campo", hace cosa de un mes, lo ví a Samid en la TV. Entre muchas cosas, y para finalizar su alocución, le dice al periodista "¿sabe que pasa?" "la plata ya se la gastaron, por eso no van a aflojar" "¿cómo hacen para pagar esas deudas, si no?". A confesión de parte.....


Una alta proporcion de granos se vende en negro. Ello impide a los productores chicos recibir compensaciones

Cómo esconder millones de toneladas

La Oncca busca blanquear cuatro millones de toneladas de trigo, una cuarta parte de la última cosecha que no fue declarada. Es un reflejo del manejo irregular del mercado de granos y del porqué los más chicos no acceden a las compensaciones.
La última cosecha de trigo se estimó en 16 millones de toneladas. Pero sólo se declararon 12 millones para exportación y molienda.

Por Raúl Dellatorre.

Cuando el 31 de marzo, el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció las compensaciones para los productores más chicos de granos por diferencias de retenciones y por flete, la suposición lógica era que el conflicto se encaminaba a una solución. Sin embargo, el beneficio fue rechazado por las entidades rurales, sin demasiadas explicaciones acerca de por qué no los satisfacía, cuando aparentemente el 80 por ciento de los productores quedaban mejor posiciones que antes de las retenciones móviles. La auténtica razón de la insuficiencia de la medida es que, para recibir compensaciones, los productores deben figurar en el padrón tributario y registrar sus operaciones. Apenas una minoría cumple el requisito. La actual controversia entre los exportadores de trigo y el organismo responsable de autorizar el registro de operaciones de venta al exterior, la Oncca, pasa justamente por ese plano: la diferencia entre unos y otros sobre el grano disponible para exportación es de nada menos que de cuatro millones de toneladas, el 25 por ciento de la cosecha total estimada. Sería la proporción de la producción no declarada que, casi como una extorsión, sólo se “blanquearía” en caso de que se autorice su exportación. De ir al mercado interno, permanecerían en el “circuito negro”, hasta su venta al consumidor como pan, facturas, harina o fideos.

Se estima que en el país hay alrededor de 50 mil productores de trigo. Sin embargo, el año pasado el registro de la Oncca de quienes se presentaron a pedir alguna compensación no llegaba al 10 por ciento de ese universo. Se adujo, desde la vereda de la dirigencia agropecuaria, que los trámites para la acreditación de las compensaciones eran “muy complejas” e inalcanzables para el pequeño productor. Pero se eludía, prudentemente, admitir que una amplia mayoría no está registrada como contribuyentes.

“La producción de granos constituye un sector muy grande de la economía argentina, pero un alto porcentaje del mismo se maneja de manera irregular”, advirtió Ricardo Echegaray, titular de la Oncca (Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario), en diálogo con Página/12. “Las compensaciones, conceptualmente, siguen siendo la herramienta para optimizar el desacople entre los precios internacionales en alza y el valor de la materia prima para el mercado interno. Pero el productor debe saber que, para compensar, el requisito principal no es llenar un formulario o hacer un trámite, sino estar en regla con el sistema tributario.”

La apreciación de Echegaray calza perfectamente con lo que sucede en el mercado triguero. Tanto las estimaciones privadas como la de la propia Secretaría de Agricultura coinciden en que la última cosecha (2007/08) arrojó una producción de 16,2 millones de toneladas. “Cuando nosotros nos hicimos cargo del Oncca, a principios de abril, teníamos que de esa cosecha se habían exportado seis millones”, relata el titular del organismo. “Como la demanda interna para molienda y elaboración de productos de panadería y de pastas se calcula en poco más de seis millones de toneladas, los exportadores nos reclamaban que autoricemos la venta al exterior de las cuatro millones de toneladas restantes”.

El problema es que esa cantidad de trigo, supuestamente “disponible”, no aparece en las existencias declaradas por los distintos operadores del sector. Sumando lo que dicen tener los molinos y acopiadores, en sus propias instalaciones o ya compradas pero aún en campo del productor, no pasan de 5,1 millones de toneladas. Como aún se necesitan 4,7 millones de toneladas para la molienda destinada al mercado interno de aquí hasta el ingreso de la nueva cosecha, apenas quedarían disponibles 400 mil toneladas para exportar. Prudentemente, sólo se autorizó la apertura del registro de exportadores por 100 mil: el 2,5 por ciento de los cuatro millones que pretenden los exportadores.

Lógicamente, la suposición que hacen todos, autoridades y analistas privados, es que no se trata de un error tan grosero de estimación de la cosecha, sino que existe trigo no declarado en varios puntos de la cadena comercial. Este podría estar en manos de productores que aún no vendieron, en poder de acopiadores que no los declararon, en manos de otros intermediarios e incluso de molinos que no informaron de su existencia. Intentando descifrar su localización, la Oncca obligará a los productores a declarar qué cantidad de trigo tiene almacenada en silobolsas. Seguramente no será una solución definitiva, puesto que gran parte de los productores no están registrados y, por tanto, seguirán en las sombras. Ellos y su trigo. El paso siguiente sería la inspección física de campos, especialmente cercanos a los molinos, en búsqueda del trigo perdido.

Mientras el trigo no se declare, la decisión de la Oncca es mantener cerrada la exportación. Aunque con ello se corra el riesgo de que el trigo no registrado entre en un “circuito negro”: pase por la molienda sin ser declarado, se produzca harina y se venda a la industria panificadora o de pastas sin declarar. La presión de los exportadores es que sólo abriendo el registro se asegura su blanqueo, y sólo en su última etapa. Pero si se habilita su exportación y resulta que el stock disponible no existe, antes de que entre al mercado la nueva producción de trigo se produciría una situación de desabastecimiento y salto en los precios internos.

La existencia de una importante franja de producción de granos “en negro” ha sido una palanca que, en definitiva, siempre resultó funcional al interés de los exportadores. Y en la coyuntura actual, un paredón que impide la aplicación de políticas de Estado a través de las compensaciones. La Oncca va al rescate del instrumento.


martes, 13 de mayo de 2008

IPC, nuevo índice para un nuevo modelo

La semana pasada, el Jefe de Gabinete anunció la implementación de un nuevo mecanismo de medición del Índice de Precios al Consumidor, en reemplazo del actual que data de octubre del año 2000. El anuncio provocó diferentes reacciones, algunas de ellas con el fin de desacreditar los cambios. La prensa se obstina en fomentar un debate forzado con razonamientos colmados de saltos lógicos, inexactitudes o, directamente errores. Sin embargo, distintos especialistas locales coincidieron en la necesidad del aggiornamiento del IPC y en la aceptación de los cambios propuestos. Dichas modificaciones implican principalmente la adopción de un nuevo punto de vista para interpretar la realidad social y económica del país. Es innegable que, en las actuales circunstancias, de surgimiento de un nuevo paradigma socio-productivo, estamos ante un país distinto de aquél en el que se diseñaron los instrumentos de medición actualmente en uso. Así, luego de meses de debate acerca de la labor de la principal Oficina Estadística del país, nos encontramos con que el INDEC replantea la forma en que se mide el pulso de este sistema económico-social. Tarea que no es nada sencilla. Es incuestionable que las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática: proporcionan datos para el diseño, desarrollo e implementación de políticas económicas y de control de las expectativas inflacionarias. Sus objetivos deben guardar relación con el modelo de desarrollo económico en vigencia. Nadie duda que la producción de información oportuna, diversificada y confiable sea una condición vital para que la sociedad pueda tener un adecuado conocimiento de lo que ocurre, y una forma de monitorear el camino recorrido y decidir los cambios a realizar al rumbo.

Para el diseño del nuevo IPC se tomaron en cuenta los aportes de especialistas de otros países, como Francia, España y Estados Unidos -donde el Índice de Precios determina el pago de las pensiones y afecta los aumentos anuales de los trabajadores de muchas empresas-, con quienes se sostuvieron largos intercambios en los últimos meses a fin de recoger las experiencias internacionales en materia de medición de precios y las soluciones adoptadas. Finalmente, dichos especialistas, junto a los del INDEC, realizaron en Buenos Aires una jornada de trabajo con presentaciones y análisis temáticos sobre el IPC, la cual sorprendió a propios y extraños por su elevado nivel técnico, a la vez que puso luz sobre la enorme complejidad que requiere la elaboración de este tipo de estadísticas, contradiciendo lo que muchas veces se afirma livianamente desde algunas “consultoras” interesadas que hacen índices de precios en tres minutos a pedido de cualquiera que lo requiera.

¿Qué cambia? Sin alterarse en forma fundamental la metodología utilizada hasta hoy, los principales cambios están relacionados con la selección de la canasta de bienes y servicios a medir y la inclusión de canastas móviles para los rubros de frutas, verduras e indumentaria. A partir de la nueva medición, la canasta se reduce de 818 a 440 bienes y servicios a ser computados. Luego de casi diez años sin actualizar, en un mundo cambiante, dentro de una economía globalizada –y en una Argentina que en los últimos años incorporó casi cuatro millones de personas al consumo-, el conjunto de variedades relevadas no reflejaban la realidad del consumo de la mayoría de los hogares al día de hoy, y cuya medición generaba una enorme distorsión. De allí la necesidad de una canasta que refleje estos cambios. Con los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005 en la mano, se seleccionaron los 440 productos y servicios que representan el patrón de gastos de más de dos terceras partes de la población e implica el 77 por ciento del consumo. Asimismo, ahora se respetará la distribución de la población en todo el territorio del Gran Buenos Aires, sin sesgos hacia las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires, tal como se fueron dando en los últimos años, según explicaron los expertos del INDEC.

La incorporación de canastas móviles es otra innovación introducida. Las variaciones en la importancia de la participación de ciertos bienes en el gasto de las familias a lo largo del año, implicaba que en los meses en los que no se obtienen precios para un producto estacional, se le imputara un precio “ficticio”, ya que no se encontraba a la venta, sesgando así los resultados. Con el nuevo método, si bien el conjunto de productos conserva su peso dentro del IPC, a su interior la ponderación de los bienes cambiará en función de la oferta disponible. Otros ajustes metodológicos, en línea con las experiencias internacionales recogidas, son la necesidad de realizar ajustes por calidad de los bienes. Con el transcurso del tiempo surgen dificultades para seguir la evolución de ciertos productos, por la desaparición de algunas variedades, la aparición de otras y los cambios de calidad de los que permanecen. Para una correcta medición de la variación de precios se incorporarán instrumentos estadísticos que permitan determinar en qué medida influyen los ajustes de calidad y así sólo computar la variación atribuible a precio. Los ejemplos más comunes son los productos de audio, video o informática.

Con las innovaciones anunciadas se cierra un ciclo de cambios negativos que han condicionado el enfoque de las estadísticas oficiales. Desde que el Instituto pasó a funcionar bajo la órbita del entonces ministro Cavallo hasta las gestiones de ex funcionarios -que expresan el ideario neoliberal y hoy son “críticos mediáticos” de la estadística oficial- se intervinieron los programas del organismo para imponer su visión interesada.

Ante una nueva realidad –en un escenario económico que sigue y seguirá siendo favorable-, una nueva mirada era necesaria.

Buenos Aires Económico, 13 de mayo de 2008

miércoles, 7 de mayo de 2008

IPC fresquito, fresquito

Esta tarde, el Jefe de Gabinte Alberto Fernandez, anunció junto a la Directora del INDEC, que a partir de junio próximo se comenzará a difundir el nuevo IPC-GBA. En el marco de la Jornada Internacional "Indices de Precios al Consumidor - Experiencias Internacionales", organizada por el INDEC y que contó con la presencia de expertos de sobre el tema de España, Estados Unidos y Francia. En la misma se expusieron las distintas experiencias internacionales que atraviesan los distintos organismos al momento de medir los precios en cada país. Haciendo eje en los sesgos relacionados con las difrencias de calidad de los productos y/o lugares de venta, los distintro métodos de imputación de datos y el tratamiento de productos estacionales, el Lic. Norberto Itzcovich presentó uno de los nuevos componentes del IPC: la canasta móvil. Otra de las novedades del flamante Indice será su nueva composición. Pasará de 818 variedades a 440, manteniéndose la misma clasificación por capítulos. Dichas variedades han sido seleccionadas a partir del análisis de los resultados de la Encuesta de Gastos de los Hogares llevada a cabo en 2004/2005. de esta forma, se ha definido qué productos son redundantes y cuáles deben permanecer en la nueva canasta. La nuev acanasta esta compuesta por los productos sem¡nsibles para la población del área de referencia - Capital Federal y GBA-, y que contempla el consumo de más de las 2/3 partes del universo relevado y representa el 77% del consumo en el área antedicha. La metodología a utilizar, por otra parte, será la misma que la actual, la famosa Metodología 13. En la misma ya se contemplaba la posibilidad de utilizar "canastas móviles" para los productos estacionales, por lo cual se incluirá una addenda donde se especificará claramente de qué se trata la misma. En concreto, no hay cambios sustanciales, se quitaron los productos redundantes, se incluyen controles de calidad de la información relevada y un análisis permanente de los ajustes por cambios de calidad de los preoductos medidos y las correcciones necesarias por sustitución de productos faltantes temporal o definitivamente.