miércoles, 12 de noviembre de 2008

El desafío de cuidar el trabajo

Ante la posible merma de la actividad productiva como resultado de la presente crisis económica internacional, el Gobierno replantea su programa para dinamizar la economía y proteger los avances logrados en el mercado de empleo desde 2003.
El impacto de la crisis económica y financiera internacional comienza a hacerse sentir en algunas ramas de la industria por la desaceleración de la demanda mundial y por las necesidades de las transnacionales cuyas casas matrices están siendo sacudidas por la crisis y que buscan salvar puestos de trabajo en sus países de origen.
Pensando en un futuro contexto de restricciones provenientes de los efectos comerciales de la crisis en la región, el Gobierno replantea las estrategias de su programa de desarrollo teniendo en cuenta esta nueva realidad proponiendo una presencia mayor del Estado para garantizar los avances logrados. Dentro del conjunto de medidas previstas por el Gobierno, se destacan las relacionadas con la preservación de los puestos de trabajo, que incluye el seguimiento caso por caso y la activación inmediata de todos los instrumentos existentes para evitar los despidos y la consecuente caída en el nivel de empleo, sin duda el mayor capital que ostentan Néstor Kirchner y su sucesora Cristina Fernández desde 2003. Dicho esfuerzo se explica, por un lado, por el enorme impacto social que tendría la pérdida de puestos de trabajo y, por otro lado, para resguardar los cambios estructurales logrados. En un reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre “Cambios en el Mercado de Trabajo durante el período 2003-2008” se destaca que “el crecimiento de la tasa de empleo habitual fue de 6,5 puntos porcentuales (p.p.) entre 2003 y 2008” y que “desde fines del año 2006 se consolida por debajo del 10% y durante 5 trimestres consecutivos se mantiene en valores inferiores al 9% de la Población Económicamente Activa”. En los últimos 5 años, los cambios estructurales más importantes detectados fueron: (i) el trabajo como contraprestación laboral de un plan de empleo se reduce notablemente por el desplazamiento hacia empleos formales; (ii) el empleo en el sector privado crece no solo por la incorporación de desocupados sino también por la absorción de empleados de otros segmentos; (iii) la ampliación del universo de jubilados –en edad de jubilarse pero sin aportes o con aportes incompletos- disminuye el crecimiento artificial de la PEA; (iv) si bien el aumento del empleo ‘formal o registrado’ no genera un aumento del empleo en general, sí permite el aumento de puestos de trabajo de calidad.
Alcanzar estas metas no ha sido sencillo. Según el Secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, son “producto sin duda alguna de la políticas económicas heterodoxas aplicadas, que permitieron el desarrollo del mercado interno, volcando ingresos a los sectores más pobres que motorizaron, a su vez, el mercado interno”, generando así un círculo virtuoso: “a mayor sueldo, mayor consumo que genera a su vez mayor producción y deriva en una mayor necesidad de puestos de trabajo”. Agrega que “la fuerte inversión en obra pública y en la construcción de viviendas tuvo un impacto muy fuerte y dinamizador del mercado laboral”. Por caso, en 2003 existían 70 mil trabajadores de la construcción registrados, en 2008 son 500 mil. El Gobierno realizó una fuerte apuesta por el “trabajo, como la mejor medida para la inclusión y como salida de la situación de pobreza de las personas”. En este sentido se hizo una fuerte inversión en capacitación, que llevó “a que se ejecutaran más de 250 millones de pesos en los últimos cinco años, que para 2008 significará una inversión de 100 millones de pesos”. La principal apuesta fue la generación de puestos en el sector privado industrial, aquellos empleos mejor remunerados y con mayor nivel de formalidad.
Será todo un desafío consolidar estos cambios sin perder de vista el horizonte de profundización de las medidas aplicadas hasta ahora que permitieron generar más y mejores puestos de trabajo. Como bien dicen los economistas cercanos al Ejecutivo Nacional, de la crisis solo se saldrá con mayor crecimiento y mayor presencia del Estado. Para ello, el Gobierno, de matriz keynesiana e intervencionista, jugará sus mejores cartas para compensar una caída de la actividad.

domingo, 9 de noviembre de 2008

La SAFJP, ¿para que sirvió?

Leyendo esta mañana las noticias en "Página.." y en "Miradas.." veo que le pegan a los salarios de quienes debían ser custodios de los fondos de los trabajadores. Altos sueldos, acordes a los que se paga en el mercado por puestos similares, pero obscenos si tenemos en cuenta que esos mismo salarios provenían de personas que obligatoriamente debían depositar sus aportes previsionales en esas empresas y que los mismos, al igual que las malas invesirones, reducían su jubilación futura. Fué recien entonces que reparé en la Superintendencia de AFJP, cuyos integrantes también debían velar por los intereses de los mencionados fondos. En eses momento recordé que el funcionamiento de esta Super se financia con el aporte que hacen las AFJP, es decir que también los sueldos, los viajes, los almuerzos de trabajo -que no son exclusividad de la actividad privada- también son pagados con los fondos de aquellos que en un futuro se iban a jubilar con un misérrimo sueldo. Si bien no tienen punto de comparación con los sueldos de los gerentes de las AFJP, los pares de la Super cobraban suculentos sueldos. En el año 2001 un gerente cobraba 10 mil pesos, el equivalente a 66 jubilaciones mínimas de esa época. Para ese entonces, recuerdo haber escuchado una discusión acerca de que podían subir los sueldos "toal, no los paga el Estado". No, claro, los pagaban los futuros jubilados. Haciendo un cálculo grosero -comparando la suba de sueldos en organismos similares- ese mismo gerente podría estar ganando unos 20 mil pesos, unas 30 jubilaciones mínimas, monto que aún hoy resulta un disparate si pensamos quién lo financia y para lo que sirvió.

viernes, 7 de noviembre de 2008

El sistema de jubilación privada en la recta final

La crisis financiera mundial -y su impacto sobre los fondos de los trabajadores en las AFJP- decidió al Gobierno Nacional a presentar el proyecto de creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIAP). Con este movimiento, el régimen de jubilación privada ingresa en la recta final.
Creado en julio de 1994 por la dupla Menem-Cavallo, al calor de la reformas propuestas por el consenso de Washington, fue desde un principio un gran negocio empresario y una enorme estafa previsional para los millones de trabajadores que confiaron sus ahorros previsionales a las administradoras. La referencia en ese momento fue el modelo chileno de 1981, impulsado por la dictadura de Augusto Pinochet.
Las empresas nunca llegaron a cumplir con las promesas vendidas a los trabajadores jubilados o próximos a jubilarse. Ni lo serían nunca, como lo demuestra la experiencia de casi 30 años del régimen chileno en análisis de reversión al régimen público. El sistema no pudo sostenerse desde el punto de vista financiero ni desde el social por no cumplir con el punto básico por el cual fue creado: otorgar una asignación digna a los jubilados. Otra de las consecuencias para el público y para la economía en general fue un mal servicio por la reducida competencia entre empresas y sus comisiones, el funcionamiento oligopólico del mercado y el aumento del poder de las administradoras frente al resto de la economía por su capacidad financiera.
Además de jugar con el aporte previsional de los trabajadores, el régimen de capitalización desfinanció al Estado. Se calcula que el déficit en el que incurrió el Estado para financiar los costos de la reforma previsional llegó a los 68.700 millones de dólares entre 1994 y 2001. En ese mismo período, la deuda externa aumentó casi 71.000 millones de dólares.
Durante los 14 años que duró el régimen de jubilación privada, las administradoras dedujeron la obscena cifra de 9.000 millones de dólares en comisiones, que oscilaron entre el 30 y el 40 por ciento de los aportes. Como contrapartida, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 sólo el 1,6 por ciento de los fondos con fines previsionales, lo que resulta 20 veces más barato que el costo de administración del régimen de capitalización.
Otra anomalía importante fue no proporcionar un adecuado reaseguro de los fondos ante profundas oscilaciones de los mercados financieros en momentos de crisis. Como si todo esto fuera poco, el esquema implicó un oneroso sistema de financiamiento para el sector público y un apoyo financiero casi nulo para las actividades productivas privadas.
La actual reforma del sistema previsional es una decisión estratégica del Gobierno Nacional, congruente con los trece aumentos de las jubilaciones otorgados, la apertura del pasaje al sistema de reparto y el sistema de actualización de las jubilaciones, este último, largamente ignorado por las gestiones de las últimas tres décadas. Pocas labores han sido más miserables que enriquecerse con los fondos de los trabajadores. El proyecto anunciado será defendido por el poder financiero y por quienes comparten la esencia del neoliberalismo, abanderados sempiternos de la restauración conservadora.
La medida se toma en un contexto de crisis internacional donde los gobiernos de las principales economías del mundo –desde Estados Unidos hasta el Reino Unido- plantean fuertes medidas de intervencionismo estatal, problema del cual la Argentina no se encuentra totalmente exenta pero sí a una importante distancia de la recesión de los países centrales. La reforma implica una vuelta atrás respecto de la lógica de los ’90, que sin duda requerirá de destreza y capacidad técnica para ordenar un sistema desbaratado por los banqueros. La tarea es remontar un sistema fundamentado en el individualismo y la primacía de la actividad financiera con los ahorros de los trabajadores activos hacia un régimen solidario con una marcada presencia del Estado que asegure la previsibilidad en el sistema jubilatorio. Se trata nada más y nada menos que de conformar un sistema obligatorio público de reparto bajo administración estatal que proporcione tan buenos resultados como en Francia, Canadá o Suecia.
Junto a la reestructuración de la deuda en default, el proyecto constituye una de las principales medidas que afectan al poder financiero, con lo cual es probable que asistamos a distintas conjuras destinadas a cambiar el rumbo de una medida reparadora, justa y equitativa.