Fallo clave para Papel Prensa

Por: 

 Daniel Cecchini

La declaración de incompetencia del juez Daniel Rafecas pone a la investigación en el contexto de los crímenes de lesa humanidad.
Parece una paradoja, pero cuando el miércoles pasado el juez Federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar si hubo delito en la transferencia de las acciones de Papel Prensa durante la última dictadura, dio un paso que tendrá consecuencias decisivas para el progreso del caso.
En primer lugar, Rafecas vinculó la apropiación de la empresa por parte de La Nación, La Razón y Clarín “con el sistema represivo establecido por el gobierno de facto”, con lo que enmarcó a la operación en el accionar del terrorismo de Estado y debe ser investigada como delito de lesa humanidad. En segundo lugar, el magistrado remitió la causa al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza. Allí está radicada una causa residual sobre el llamado “Circuito Camps”, relacionada con el centro clandestino de detención Puesto Vasco, en cuyo expediente hay declaraciones realizadas a comienzos de la democracia por varios integrantes de la familia y el Grupo Graiver sobre los consejos de guerra a los que fueron sometidos bajo tortura durante sus secuestros en 1977. Estos testimonios, tomados entre 1984 y 1986, coinciden casi al pie de la letra con las recientes declaraciones de Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover ante la asamblea de accionistas de Papel Prensa, y con las de Osvaldo Papaleo, el año pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación. Semejante nivel de coincidencia, a un cuarto de siglo de distancia, derrumbará el argumento preferido por Clarín y La Nación cuando se refieren a las investigaciones relacionadas con Papel Prensa: que se trata de una causa nueva, inventada y armada por el Gobierno para atacarlos. Lesa humanidad. Como saben los lectores de Miradas al Sur , entre marzo y abril de 1977, varios familiares directos de David Graiver, junto con directivos y empleados del Grupo Graiver –propietario de Papel Prensa–, fueron secuestrados por grupos de tareas que respondían a Ramón Camps y Miguel Etchecolatz y concentrados en los centros clandestinos Puesto Vasco y El Pozo de Banfield. Poco antes habían firmado, bajo amenaza y a un precio irrisorio, boletos de venta de las acciones de la empresa a favor de Fapel, un sello de goma creado por Clarín, La Nación y La Razón para apropiarse de la empresa. Concretada esa primera parte de la operación, se los secuestró y torturó para que renunciaran a cualquier reclamo futuro. Una vez logrado este propósito fueron juzgados por consejos de guerra, “blanqueados” y encarcelados.
En el fallo donde se declara incompetente, Rafecas tipifica con claridad de qué tipo de delitos fueron víctimas: “Existen distintos elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa que se encontraban en propiedad, ya sea por sí o por terceros, de la familia Graiver”.
La conclusión no admite dudas: por tratarse de un delito económico realizado con las herramientas del terrorismo de Estado, es un crimen de lesa humanidad. Rafecas también señala “una sistematicidad en la detención de una serie de personas vinculadas a la familia y el grupo económico Graiver, todas ellas cautivas en sitios correspondientes al llamado ‘Circuito Camps’”. Por esta última razón, remitió la investigación al juzgado de Corazza. Lo que vendrá. La causa residual radicada en el juzgado platense donde se venían haciendo averiguaciones relacionadas con Papel Prensa es la número 199/SE. Hace dos semanas, a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se separó una nueva causa, caratulada Secretaría de DD.HH. de la Nación s/denuncia”, cuya instrucción fue delegada a la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata, encabezada por Hernán Schapiro y Marcelo Molina. Allí se tomaron nuevas declaraciones a Rafael Ianover y a Osvaldo Papaleo, y también se libró un oficio pidiendo los libros accionarios de Papel Prensa entre 1976 y 1983. Al escribirse estas líneas, la empresa sólo había enviado copias de los correspondientes al período 1976-1978.
Además, la secretaría que dirige Eduardo Luis Duhalde solicitó que se cite nuevamente a las personas relacionadas con el Grupo Graiver que habían estado secuestradas en Puesto Vasco y que declararon apenas retornada la democracia. “En esa época no siempre se preguntaba específicamente sobre Papel Prensa sino sobre el Grupo Graiver en general. Por eso, el 25 de junio pedimos nuevas declaraciones de estas personas para que informen si fueron interrogados sobre Papel Prensa mientras estuvieron secuestradas”, dijeron a Miradas al Sur cerca de la querella. Entre ellas se encuentran Lidia Papaleo de Graiver, Isidoro Graiver, Silvia Fanjul –secretaria privada de David Graiver, que presenció las torturas a las que fue sometida Lidia Papaleo– y Lidia Gesualdi, otra secretaría del Grupo.
Por otra parte, Miradas al Sur pudo saber también que, en el marco de la causa, podría solicitarse en los próximos días la detención del general Oscar Bartolomé Gallino, quien llevó adelante los sumarios armados bajo tortura que derivaron en el Consejo de Guerra al que fueron sometidos los Graiver y otras personas relacionadas con el Grupo mientras permanecían desaparecidos. Bisagra judicial. La declaración de incompetencia por parte del juez Rafecas y su decisión de remitir la investigación a los tribunales federales platenses es una verdadera bisagra judicial en el intento de esclarecer los delitos cometidos en la apropiación del paquete accionario de Papel Prensa. A medida que avance la investigación, se reúna la documentación y se tomen nuevos testimonios, quedará cada vez más claro que se trató de un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, de un crimen imprescriptible cometido por civiles y militares. Y se podrá esclarecer, finalmente, qué papel tuvieron en él no sólo sus autores materiales y sus jefes militares sino también los dueños y directivos de dos de los diarios más importantes de la Argentina.