La Justicia de Recondo

 Complementando el post de Artemio, leemos en una nota de Verbitsky quién es Ricardo Recondo:

El miércoles de los 32 grados a la sombra la Corte Suprema de Justicia inauguró un centro de información judicial para facilitar las relaciones con periodistas y medios. Como no funcionaba el aire acondicionado, los nueve extensos discursos infligieron a los resignados asistentes un trato que uno de ellos consideró tan cruel, inhumano y degradante como para mandarse a mudar por la mitad. En ese empacado contexto descolló la prosopopeya del presidente de la Asociación de Magistrados Ricardo Recondo. Indiferente al motivo de la convocatoria, proclamó que los jueces eran perseguidos por su independencia. Amplió su crítica en un reportaje: el reclamo presidencial para que no se sigan demorando las causas por violaciones a los derechos humanos constituiría un “avasallamiento grotesco de la justicia”, dado que “el gobierno no puede resolver el problema de la inseguridad” (sic).

La independencia judicial
Recondo fue subsecretario de Justicia del ex presidente Raúl Alfonsín. En 1988, propuso la designación como camarista federal de la Capital de Juan Rodríguez Basavilbaso, pese a que su pliego para camarista y juez ya había ido al cesto de los papeles del Senado en 1984 y 1986. La principal novedad después del último rechazo fue su dictamen como fiscal en favor del sobreseimiento de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz, detenidos por una serie de atentados con bombas en contra de jueces. Su candidatura se gestó durante un asado en una quinta en la que se reunían funcionarios judiciales y militares: los jefes de Estado Mayor del Ejército y de la Armada deseaban que un hombre de su confianza ocupara un asiento en el tribunal cuando se abrieran las causas de la ESMA y del Cuerpo I. En los antecedentes enviados al Senado, Recondo ocultó que Rodríguez Basavilbaso había prestado servicio en la Cámara Federal en lo Penal durante la penúltima dictadura.
Justicia o venganza
Cuando tales antecedentes se publicaron en esta columna, Recondo dijo que el candidato del lobby militar-judicial era un funcionario “probo e independiente” y que se procuraba instaurar en la Cámara Federal “no la justicia sino la venganza”. El razonamiento implícito es que no hay personas más imparciales hacia los imputados militares que los ex integrantes del Camarón, tal como pensaban los promotores de la candidatura cuestionada. El Camarón fue creado en mayo de 1971, para juzgar los delitos denominados subversivos en todo el territorio nacional. En apenas dos años entendió en cerca de 4000 causas, y abundaron las denuncias sobre torturas a los detenidos con conocimiento de sus miembros. Al pedir al Congreso su disolución, en 1973, el Poder Ejecutivo sostuvo que sus integrantes eran elegidos “mediante normas distintas de las que se aplican a la generalidad del Poder Judicial”, que las sanciones para “los delitos políticos” se habían incrementado “por encima de lo que requiere una razonable prevención general” y que se habían simplificado en forma exagerada las formas procesales y establecido “plazos demasiado angustiosos para el cumplimiento de los actos más importantes del juicio”, es decir “las características más comunes de los organismos jurisdiccionales extraordinarios de orden penal, severamente repudiados por la tradición constitucionalista”.
–Era un cargo judicial más –minimizó Recondo en una reunión con el bloque radical.
–Hay sólo dos motivos para haber estado allí. O adhesión ideológica o venalidad para cobrar el plus que se pagaba a sus integrantes. En ninguno de los dos casos estos son antecedentes válidos para integrar la Cámara Federal de la democracia –lo refutó Hipólito Solari Yrigoyen.
–Con ese criterio condenaríamos a Arturo Mor Roig por haber sido ministro de Lanusse –insistió.
Pudo imponerlo, porque canjeó el apoyo del justicialista catamarqueño Ramón Saadi y del conservador por Olavarría Julio Amoedo por la designación de dos allegados como jueces federales en Mercedes y Morón.

Nota completa acá.