El sistema de jubilación privada en la recta final

La crisis financiera mundial -y su impacto sobre los fondos de los trabajadores en las AFJP- decidió al Gobierno Nacional a presentar el proyecto de creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIAP). Con este movimiento, el régimen de jubilación privada ingresa en la recta final.
Creado en julio de 1994 por la dupla Menem-Cavallo, al calor de la reformas propuestas por el consenso de Washington, fue desde un principio un gran negocio empresario y una enorme estafa previsional para los millones de trabajadores que confiaron sus ahorros previsionales a las administradoras. La referencia en ese momento fue el modelo chileno de 1981, impulsado por la dictadura de Augusto Pinochet.
Las empresas nunca llegaron a cumplir con las promesas vendidas a los trabajadores jubilados o próximos a jubilarse. Ni lo serían nunca, como lo demuestra la experiencia de casi 30 años del régimen chileno en análisis de reversión al régimen público. El sistema no pudo sostenerse desde el punto de vista financiero ni desde el social por no cumplir con el punto básico por el cual fue creado: otorgar una asignación digna a los jubilados. Otra de las consecuencias para el público y para la economía en general fue un mal servicio por la reducida competencia entre empresas y sus comisiones, el funcionamiento oligopólico del mercado y el aumento del poder de las administradoras frente al resto de la economía por su capacidad financiera.
Además de jugar con el aporte previsional de los trabajadores, el régimen de capitalización desfinanció al Estado. Se calcula que el déficit en el que incurrió el Estado para financiar los costos de la reforma previsional llegó a los 68.700 millones de dólares entre 1994 y 2001. En ese mismo período, la deuda externa aumentó casi 71.000 millones de dólares.
Durante los 14 años que duró el régimen de jubilación privada, las administradoras dedujeron la obscena cifra de 9.000 millones de dólares en comisiones, que oscilaron entre el 30 y el 40 por ciento de los aportes. Como contrapartida, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 sólo el 1,6 por ciento de los fondos con fines previsionales, lo que resulta 20 veces más barato que el costo de administración del régimen de capitalización.
Otra anomalía importante fue no proporcionar un adecuado reaseguro de los fondos ante profundas oscilaciones de los mercados financieros en momentos de crisis. Como si todo esto fuera poco, el esquema implicó un oneroso sistema de financiamiento para el sector público y un apoyo financiero casi nulo para las actividades productivas privadas.
La actual reforma del sistema previsional es una decisión estratégica del Gobierno Nacional, congruente con los trece aumentos de las jubilaciones otorgados, la apertura del pasaje al sistema de reparto y el sistema de actualización de las jubilaciones, este último, largamente ignorado por las gestiones de las últimas tres décadas. Pocas labores han sido más miserables que enriquecerse con los fondos de los trabajadores. El proyecto anunciado será defendido por el poder financiero y por quienes comparten la esencia del neoliberalismo, abanderados sempiternos de la restauración conservadora.
La medida se toma en un contexto de crisis internacional donde los gobiernos de las principales economías del mundo –desde Estados Unidos hasta el Reino Unido- plantean fuertes medidas de intervencionismo estatal, problema del cual la Argentina no se encuentra totalmente exenta pero sí a una importante distancia de la recesión de los países centrales. La reforma implica una vuelta atrás respecto de la lógica de los ’90, que sin duda requerirá de destreza y capacidad técnica para ordenar un sistema desbaratado por los banqueros. La tarea es remontar un sistema fundamentado en el individualismo y la primacía de la actividad financiera con los ahorros de los trabajadores activos hacia un régimen solidario con una marcada presencia del Estado que asegure la previsibilidad en el sistema jubilatorio. Se trata nada más y nada menos que de conformar un sistema obligatorio público de reparto bajo administración estatal que proporcione tan buenos resultados como en Francia, Canadá o Suecia.
Junto a la reestructuración de la deuda en default, el proyecto constituye una de las principales medidas que afectan al poder financiero, con lo cual es probable que asistamos a distintas conjuras destinadas a cambiar el rumbo de una medida reparadora, justa y equitativa.