Pobre debate sobre la pobreza

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó su informe sobre “Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia”, datos referidos al primer semestre de 2009. Según dicho informe, la pobreza descendió hasta el 13,9% y la indigencia hizo lo propio hasta el 4%. Casi inmediatamente, el coro estable de “especialistas” y “consultores privados” desacreditó los resultados. Una vez más los resultados de los índices se ponen en el centro de la disputa política, tratando de hacernos creer que volvimos al infierno de 2002.
Los análisis publicados en las principales portadas carecen de toda fundamentación y rigurosidad analítica. Afirmar que los indicadores sociales del período 2003-2009 no han mejorado e inclusive decir que la situación social es levemente mejor que en la década del ’90 implica borrar de un plumazo todo el proceso de recuperación social observado desde el 2003 en adelante, un escenario diametralmente opuesto al deterioro sufrido en la década menemista y el corto interregno de la Alianza.
Pasemos revista a algunos detalles que el coro estable no menciona. De acuerdo con el documento publicado por el INDEC, “Acerca del método utilizado para la medición de la pobreza en Argentina”, “se utiliza para esas estimaciones el enfoque del ingreso siguiendo el concepto de pobreza absoluta”. De acuerdo con este método, una persona indigente es aquella cuyos ingresos monetarios no alcanzan a cubrir los gastos necesarios para satisfacción de ciertas necesidades básicas de alimentación, y los pobres serían aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer dichas necesidades alimentarias más un adicional para cubrir requerimientos básicos de vivienda, transporte, etc. Dicho en forma simple, un indigente lo es porque no le alcanza siquiera para alimentarse y un pobre es aquella persona cuyos ingresos no le alcanzan para cubrir sus gastos mensuales.
Por otro lado, no se toman en cuenta otras cifras que sostienen el análisis del INDEC. Desde 2003, tanto la cantidad de empleos como las remuneraciones crecieron, factores que contribuyeron a la importante disminución de los índices de privación y de la concentración de los ingresos per cápita de los hogares. Según los datos de la AFIP, la cantidad de aportantes en el primer trimestre de 2009 registró un aumento interanual de 3,5% junto a un aumento de 5% en la cantidad de empleadores. En ese mismo período, el salario bruto promedio del sector público creció 31,2% y el del sector privado 30,5%. Otra cifra que suele dejarse de lado es la del crecimiento de los perceptores de jubilaciones y pensiones -que desde 2006 aumentó 49,2%- y el aumento de la jubilación mínima, que se incrementó casi el 16% solo en el año 2008, sin olvidar que el haber promedio de los jubilados aumentó 17,2% en ese mismo período. En este marco, no deja de resultar llamativa la cifra de pobreza que publica Ecolatina, cuyo fundador fuera el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Según sus cálculos, la pobreza en el primer semestre sería del 31,8% y la indigencia del 11,7%, valores similares a los registrados en 2005 y coincidente con la salida de Lavagna del Ministerio. Como si nada hubiera sucedido desde entonces.
Resulta extraño escuchar a quienes encabezan las críticas, son los representantes de los sectores que históricamente han operado en contra de los pobres -mediante la ejecución de políticas que han sacado del sistema productivo a un tercio de la sociedad- quienes nos explican desde las portadas de los principales diarios de alcance nacional los alcances de la pobreza. Pero toda vez que se pretende mejorar la redistribución del ingreso, son los mismos que se oponen sistemáticamente a cualquier cambio, poniendo por delante la seguridad jurídica, las expectativas del mercado o la tan remanida falta de institucionalidad. Solo una lectura de la realidad que subestima en grado deshonesto un estado de cosas, guiada por sus intereses particulares, puede explicar el por qué de la necesidad de desviar la atención pública de lo que es en realidad el centro de la cuestión: los objetivos y resultados redistributivos de un modelo de desarrollo económico inclusivo.