Políticas de distribución del ingreso

Gobernar durante una crisis tan compleja como la actual requiere atender los matices del contexto con cierto pragmatismo más que gestionar con políticas estridentes.
La actual administración Kirchner, sin dejar de atender sus funciones básicas –Salud, Asistencia social, Defensa, etc.- continúa apostando a fortalecer el consumo interno como salida a la crisis. Aún cuando la crisis global hace temblar los cimientos de las mayores instituciones financieras y económicas de Europa o Estados Unidos, el Estado argentino interviene en la economía para poner un piso a la crisis y mantener el desarrollo económico y social logrado. Que no es poco.
En el último informe sobre Distribución Funcional del Ingreso, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en enero, se estiman los datos para el año 2008 de la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI). Éste muestra cuál ha sido el resultado de la aplicación de un modelo de desarrollo donde no solo se contemplan los problemas de los factores económicos sino un patrón de crecimiento más equilibrado y solidario.
Si bien no se han logrado aún los picos de participación de los asalariados alcanzados durante el primer peronismo –cercanos al 50 por ciento-, la torta de los asalariados ha llegado a un nada despreciable 43,6 por ciento. Aún cuando la tasa de crecimiento es menor que en años anteriores, es cierto que la participación en los dos últimos años supera la alcanzada desde 1994. Estos registros muestran que la participación de los asalariados mantuvo su crecimiento desde 2003, reflejando la recuperación que registró el salario real y la ocupación durante los últimos años.
El extenso y agotador conflicto con un sector del campo del año pasado permitió instalar con fuerza el tema de la distribución del ingreso y poner en discusión nuevamente la relación capital-trabajo –la puja básica-, que es donde se juega el principal núcleo de la distribución del ingreso de la economía. En esta partida, el Estado tiene un rol fundamental, ya que el aumento de la ocupación y del salario real promedio no fueron el resultado de la “mano invisible” del mercado, sino de la política oficial en pos de la reactivación económica, en general, y de la reindustrialización, en particular.
Resulta evidente que, a la salida “deflacionaria” o en base a una mayúscula devaluación -que pulverizaría los salarios, como en 2002-, se le ha opuesto la gestión de la administración kirchnerista, que ha tenido la virtud de haber puesto el desafío en el centro de la escena política, en búsqueda de profundizar una mejora en la distribución del ingreso.
Uno de los dilemas centrales de la política económica gubernamental actual, en el marco de una crisis internacional de vasto alcance, es mantener el esquema de la única propuesta de política económica -parida al calor de las altas tasas de desempleo y pobreza de ese momento- que materializó competitividad industrial con la intervención estatal destinada a sostener e incrementar el poder de compra en bienes de consumo de los asalariados.
Un Estado en expansión en el ámbito económico, actuando sobre las demandas de mayor contenido social de los estratos más débiles de la población, tiene una probable respuesta reaccionaria de los voceros de la derecha política y económica del país, y que esconde en su seno el inconfeso propósito de arrinconar una vez más el estándar de vida de buena parte de la población argentina.