Bienvenido 2009!!!!!!

Ya sea porque fué un año al que vale la pena despedir o porque queremos iniciar uno que se proyecte mejor, este 31 de diciembre por la noche celebremos con ganas. Las opciones son varias: fiesta electrónica, salsera, pachangueras, criollas, en la playa, en la ciudad o al aire libre, pero lo importante es festejar que hace 25 años que vivimos en democracia. Bienvenido 2009!!!

Una vez más el Estado dice presente

Los fundamentalistas del mercado que han servido de sustento ideológico al capitalismo salvaje y padres del actual descalabro financiero global insisten con sus recetas que llevaron al mundo a la quiebra. El Estado, contra la opinión de la derecha neoliberal vernácula, recupera su centralidad, apostando a fortalecer el consumo interno como salida a la crisis.
Cuando la crisis financiera hizo temblar los cimientos de sus más emblemáticas instituciones y amenazando con derrumbar todo el sistema a su paso, el gobierno estadounidense, desoyendo sus propios consejos, rescató –nacionalizó, en verdad- a los bancos responsables de la virtual quiebra del sistema financiero global, en una multimillonaria intervención estatal jamás vista en la historia. Sin embargo, desde sus devastados escritorios en Wall Street o Londres, los economistas neoliberales no pierden sus reflejos. Unos días atrás, uno de los editores de The Economist escribía: “Los países con exportaciones diversificadas y políticas sanas estarán en mejor posición para sobrellevar la tormenta que aquellos, como Venezuela y Argentina, que han malgastado las ganancias inesperadas que les proveyeron los commodities y que han despreciado a las empresas privadas” Opiniones como ésta se han escuchado durante los últimos treinta años en los que ha reinado el más descarnado neoliberalismo y son las mismas que dieron origen y luego fortalecieron la desmesura financiera. Sus resultados están a la vista.
La actual crisis no es solamente financiera, es la crisis estructural de una revolución conservadora que entregó a la especulación financiera enormes y suculentas franjas del bien común. El ejército político y mediático que defiende este statu quo intenta dar vuelta lo más rápido posible la página de una crisis que ayudó a construir y que generó su propio límite, no sin antes sumir en la pobreza a millones de personas en todo el mundo. El poder económico transnacional siempre trató de acaparar la economía real –la mayoría de las veces con éxito- con la complicidad del poder político de turno, o a pesar de él, presentándose a sí mismo como la única receta posible para empresas y Estados, pero también como el juez supremo de las economías nacionales y capaz de ordenar el desguace de países emergentes como Argentina o Turquía. Aquellos que hoy se indignan por los resultados obtenidos son los mismos que estimularon todas las desregulaciones que permitieron la valoración artificial de la tasa de ganancia capitalista y gracias a la cual se ha gastado sin límites. Resulta evidente que no se trata de un crack “técnico”, que no será posible corregirlo mediante rescates financieros o reparando los “abusos” del mundo de las finanzas; se trata de la caída de un sistema, el mismo tras el cual se afanan aquellos que esperan levantarlo y recubrirlo de una nueva imagen pero que, más pronto que tarde, le infligirá un nuevo golpe sucio a la sociedad.
Nadie discute, ni aún en los países centrales, la necesaria intervención del Estado para poner un piso a la crisis y comenzar a reconstruir el sistema financiero global. La pérdida de riqueza afecta a la economía de los Estados Unidos así como al resto de los países desarrollados, quebrantos que finalmente impactarán en economías de países periféricos como la argentina. Seguramente, las propuestas generales para reemplazar el actual paradigma neoliberal incluirán nuevos marcos regulatorios que, ocasionalmente, eviten futuras crisis de amplio alcance como la actual.
Distintas medidas ha puesto en marcha la Administración Nacional, revalorizando el rol del Estado como generador de políticas tendientes a mantener el desarrollo económico y social logrado –marca de origen del modelo gobernante-, en ayuda de las necesidades básicas de las mayorías y descartando de plano las recetas habituales: los planes de ajuste y de reducción de salarios. La recuperación de la centralidad del Estado en las definiciones macro económicas no significa que los voceros de la derecha política y económica del país, que goza de buena salud, hayan perdido influencia y no continúen disparando sobre el modelo actual para intentar mantener su hegemonía. Una vez más, los resultados dirán quien tuvo razón.

El desafío de cuidar el trabajo

Ante la posible merma de la actividad productiva como resultado de la presente crisis económica internacional, el Gobierno replantea su programa para dinamizar la economía y proteger los avances logrados en el mercado de empleo desde 2003.
El impacto de la crisis económica y financiera internacional comienza a hacerse sentir en algunas ramas de la industria por la desaceleración de la demanda mundial y por las necesidades de las transnacionales cuyas casas matrices están siendo sacudidas por la crisis y que buscan salvar puestos de trabajo en sus países de origen.
Pensando en un futuro contexto de restricciones provenientes de los efectos comerciales de la crisis en la región, el Gobierno replantea las estrategias de su programa de desarrollo teniendo en cuenta esta nueva realidad proponiendo una presencia mayor del Estado para garantizar los avances logrados. Dentro del conjunto de medidas previstas por el Gobierno, se destacan las relacionadas con la preservación de los puestos de trabajo, que incluye el seguimiento caso por caso y la activación inmediata de todos los instrumentos existentes para evitar los despidos y la consecuente caída en el nivel de empleo, sin duda el mayor capital que ostentan Néstor Kirchner y su sucesora Cristina Fernández desde 2003. Dicho esfuerzo se explica, por un lado, por el enorme impacto social que tendría la pérdida de puestos de trabajo y, por otro lado, para resguardar los cambios estructurales logrados. En un reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre “Cambios en el Mercado de Trabajo durante el período 2003-2008” se destaca que “el crecimiento de la tasa de empleo habitual fue de 6,5 puntos porcentuales (p.p.) entre 2003 y 2008” y que “desde fines del año 2006 se consolida por debajo del 10% y durante 5 trimestres consecutivos se mantiene en valores inferiores al 9% de la Población Económicamente Activa”. En los últimos 5 años, los cambios estructurales más importantes detectados fueron: (i) el trabajo como contraprestación laboral de un plan de empleo se reduce notablemente por el desplazamiento hacia empleos formales; (ii) el empleo en el sector privado crece no solo por la incorporación de desocupados sino también por la absorción de empleados de otros segmentos; (iii) la ampliación del universo de jubilados –en edad de jubilarse pero sin aportes o con aportes incompletos- disminuye el crecimiento artificial de la PEA; (iv) si bien el aumento del empleo ‘formal o registrado’ no genera un aumento del empleo en general, sí permite el aumento de puestos de trabajo de calidad.
Alcanzar estas metas no ha sido sencillo. Según el Secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, son “producto sin duda alguna de la políticas económicas heterodoxas aplicadas, que permitieron el desarrollo del mercado interno, volcando ingresos a los sectores más pobres que motorizaron, a su vez, el mercado interno”, generando así un círculo virtuoso: “a mayor sueldo, mayor consumo que genera a su vez mayor producción y deriva en una mayor necesidad de puestos de trabajo”. Agrega que “la fuerte inversión en obra pública y en la construcción de viviendas tuvo un impacto muy fuerte y dinamizador del mercado laboral”. Por caso, en 2003 existían 70 mil trabajadores de la construcción registrados, en 2008 son 500 mil. El Gobierno realizó una fuerte apuesta por el “trabajo, como la mejor medida para la inclusión y como salida de la situación de pobreza de las personas”. En este sentido se hizo una fuerte inversión en capacitación, que llevó “a que se ejecutaran más de 250 millones de pesos en los últimos cinco años, que para 2008 significará una inversión de 100 millones de pesos”. La principal apuesta fue la generación de puestos en el sector privado industrial, aquellos empleos mejor remunerados y con mayor nivel de formalidad.
Será todo un desafío consolidar estos cambios sin perder de vista el horizonte de profundización de las medidas aplicadas hasta ahora que permitieron generar más y mejores puestos de trabajo. Como bien dicen los economistas cercanos al Ejecutivo Nacional, de la crisis solo se saldrá con mayor crecimiento y mayor presencia del Estado. Para ello, el Gobierno, de matriz keynesiana e intervencionista, jugará sus mejores cartas para compensar una caída de la actividad.

La SAFJP, ¿para que sirvió?

Leyendo esta mañana las noticias en "Página.." y en "Miradas.." veo que le pegan a los salarios de quienes debían ser custodios de los fondos de los trabajadores. Altos sueldos, acordes a los que se paga en el mercado por puestos similares, pero obscenos si tenemos en cuenta que esos mismo salarios provenían de personas que obligatoriamente debían depositar sus aportes previsionales en esas empresas y que los mismos, al igual que las malas invesirones, reducían su jubilación futura. Fué recien entonces que reparé en la Superintendencia de AFJP, cuyos integrantes también debían velar por los intereses de los mencionados fondos. En eses momento recordé que el funcionamiento de esta Super se financia con el aporte que hacen las AFJP, es decir que también los sueldos, los viajes, los almuerzos de trabajo -que no son exclusividad de la actividad privada- también son pagados con los fondos de aquellos que en un futuro se iban a jubilar con un misérrimo sueldo. Si bien no tienen punto de comparación con los sueldos de los gerentes de las AFJP, los pares de la Super cobraban suculentos sueldos. En el año 2001 un gerente cobraba 10 mil pesos, el equivalente a 66 jubilaciones mínimas de esa época. Para ese entonces, recuerdo haber escuchado una discusión acerca de que podían subir los sueldos "toal, no los paga el Estado". No, claro, los pagaban los futuros jubilados. Haciendo un cálculo grosero -comparando la suba de sueldos en organismos similares- ese mismo gerente podría estar ganando unos 20 mil pesos, unas 30 jubilaciones mínimas, monto que aún hoy resulta un disparate si pensamos quién lo financia y para lo que sirvió.

El sistema de jubilación privada en la recta final

La crisis financiera mundial -y su impacto sobre los fondos de los trabajadores en las AFJP- decidió al Gobierno Nacional a presentar el proyecto de creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIAP). Con este movimiento, el régimen de jubilación privada ingresa en la recta final.
Creado en julio de 1994 por la dupla Menem-Cavallo, al calor de la reformas propuestas por el consenso de Washington, fue desde un principio un gran negocio empresario y una enorme estafa previsional para los millones de trabajadores que confiaron sus ahorros previsionales a las administradoras. La referencia en ese momento fue el modelo chileno de 1981, impulsado por la dictadura de Augusto Pinochet.
Las empresas nunca llegaron a cumplir con las promesas vendidas a los trabajadores jubilados o próximos a jubilarse. Ni lo serían nunca, como lo demuestra la experiencia de casi 30 años del régimen chileno en análisis de reversión al régimen público. El sistema no pudo sostenerse desde el punto de vista financiero ni desde el social por no cumplir con el punto básico por el cual fue creado: otorgar una asignación digna a los jubilados. Otra de las consecuencias para el público y para la economía en general fue un mal servicio por la reducida competencia entre empresas y sus comisiones, el funcionamiento oligopólico del mercado y el aumento del poder de las administradoras frente al resto de la economía por su capacidad financiera.
Además de jugar con el aporte previsional de los trabajadores, el régimen de capitalización desfinanció al Estado. Se calcula que el déficit en el que incurrió el Estado para financiar los costos de la reforma previsional llegó a los 68.700 millones de dólares entre 1994 y 2001. En ese mismo período, la deuda externa aumentó casi 71.000 millones de dólares.
Durante los 14 años que duró el régimen de jubilación privada, las administradoras dedujeron la obscena cifra de 9.000 millones de dólares en comisiones, que oscilaron entre el 30 y el 40 por ciento de los aportes. Como contrapartida, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 sólo el 1,6 por ciento de los fondos con fines previsionales, lo que resulta 20 veces más barato que el costo de administración del régimen de capitalización.
Otra anomalía importante fue no proporcionar un adecuado reaseguro de los fondos ante profundas oscilaciones de los mercados financieros en momentos de crisis. Como si todo esto fuera poco, el esquema implicó un oneroso sistema de financiamiento para el sector público y un apoyo financiero casi nulo para las actividades productivas privadas.
La actual reforma del sistema previsional es una decisión estratégica del Gobierno Nacional, congruente con los trece aumentos de las jubilaciones otorgados, la apertura del pasaje al sistema de reparto y el sistema de actualización de las jubilaciones, este último, largamente ignorado por las gestiones de las últimas tres décadas. Pocas labores han sido más miserables que enriquecerse con los fondos de los trabajadores. El proyecto anunciado será defendido por el poder financiero y por quienes comparten la esencia del neoliberalismo, abanderados sempiternos de la restauración conservadora.
La medida se toma en un contexto de crisis internacional donde los gobiernos de las principales economías del mundo –desde Estados Unidos hasta el Reino Unido- plantean fuertes medidas de intervencionismo estatal, problema del cual la Argentina no se encuentra totalmente exenta pero sí a una importante distancia de la recesión de los países centrales. La reforma implica una vuelta atrás respecto de la lógica de los ’90, que sin duda requerirá de destreza y capacidad técnica para ordenar un sistema desbaratado por los banqueros. La tarea es remontar un sistema fundamentado en el individualismo y la primacía de la actividad financiera con los ahorros de los trabajadores activos hacia un régimen solidario con una marcada presencia del Estado que asegure la previsibilidad en el sistema jubilatorio. Se trata nada más y nada menos que de conformar un sistema obligatorio público de reparto bajo administración estatal que proporcione tan buenos resultados como en Francia, Canadá o Suecia.
Junto a la reestructuración de la deuda en default, el proyecto constituye una de las principales medidas que afectan al poder financiero, con lo cual es probable que asistamos a distintas conjuras destinadas a cambiar el rumbo de una medida reparadora, justa y equitativa.

Cuentos chinos sobre la inflación mundial

La incertidumbre en las Bolsas mundiales, la fluctuación en el precio de los commodities, las turbulencias desatadas en las principales plazas financieras mundiales -europeas, asiáticas o latinoamericanas-, le están pasando factura al sistema financiero global. Cada semana, al abrir un diario, nos encontramos con incesantes pronósticos de recesión económica, rescate de bancos al borde de la desaparición, destrucción de miles de puestos de trabajo, exitosos planes de recuperación que duran solo una semana, profecías incumplidas de los dioses de la avaricia cuya especulación nos deja siempre un poco más pobres; y la culpa de todo la tiene China. Un buen artículo en The Economist nos revela algunas claves para comprender qué pasa.
“Muchas personas en Europa y en Estados Unidos piensan que el alza reciente de la inflación, como muchas otras cosas en estos días, es Made in China”. Por muchos años, los baratos productos importados de China contribuyeron a mantener a raya los precios –y la inflación- en las naciones desarrolladas, pero recientemente los salarios y los precios en China comenzaron a moverse en forma ascendente, impactando en los países destinatarios de su producción. Así, China ya no contribuiría a mantener los precios bajo control sino que comenzaría a generar inflación mundial, producto de su demanda creciente de alimentos, energía y minerales que empujaría al alza el precio de los mismos, ante la poca elasticidad al alza de la producción de éstos. Si bien es cierto que la demanda china de la última década explica parte del aumento de estos precios, en el último año -cuando la inflación se empinó en el mundo- las compras de petróleo se redujeron 4%, un porcentaje claramente por debajo de la tasa de crecimiento que mostrara entre 2001-2004, de 12%, cuando los analistas económicos de los países desarrollados estaban más preocupados por la deflación, que por la inflación que dicha demanda podía causar. A fuerza de repetirse, el argumento se convertirá en verdad. Sin embargo, otros datos lo desmienten. En primer lugar, la producción de alimentos china, contra todos los pronósticos, creció más rápidamente que el consumo, liberando, si bien solo parcialmente, esos excedentes para la exportación. Además, el costo de la mano de obra sigue siendo unas diez veces más bajo que el de la economía estadounidense, una relación similar a la de doce años atrás; si bien el precio nominal de los productos chinos subió, se debió más a la devaluación del dólar frente al yuan que a una suba de costos. Aún así, siguen siendo competitivos a nivel internacional.
Es probable que las respuestas debamos buscarlas por otro lado. El tembladeral en que se ha convertido el sistema financiero mundial, producto de la profundidad de la crisis económica de los Estados Unidos, surge de la lenta descomposición de la hegemonía de las actividades financieras por sobre las productivas, donde prevalece la tasa de ganancia de las primeras por sobre la última.
Para que se entienda claro, el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos declaró hace unos pocos días que “las laxas políticas monetarias mundiales han causado que economías emergentes -como la china-, crezcan demasiado rápido, sumando una demanda adicional de recursos” que supera la capacidad de abastecimiento usual de estas materias. Y añade, “en esos países donde la demanda de materias primas se asocia con un rápido crecimiento de la demanda agregada, las acciones para contener la inflación -frenando esa misma demanda agregada- contribuirán a la estabilidad de precios global”. En otras palabras, si los chinos consumieran menos, preservarían al mundo de la inestabilidad financiera mundial. Por un lado se critica a China por su exceso de inversión interna, creadora de capacidad de producción local que mejora la competitividad de sus productos a nivel internacional y presiona los precios a la baja y, por otro lado, se le exige que incremente su demanda agregada con el fin de reducir su capacidad de ahorro interno, desalentando así el incremento de su capacidad industrial instalada y generando, de esta manera, ingentes saldos de divisas disponibles para la reinversión en los países desarrollados.
En su reciente reporte anual, la Conferencia de la Naciones Unidas para el Crecimiento y el Desarrollo explica la aparente paradoja por la cual, en los últimos diez años, el capital haya estado fluyendo de los países emergentes a los países desarrollados, siendo que la teoría económica clásica propone el sentido contrario. En teoría, los países ricos exportan capital a los países pobres para fomentar su crecimiento. Sin embargo, en la década pasada, países como China han estado exportando el capital excedente a los Estados Unidos y a la Unión Europea de modo que pudieran solventar sus economías más allá de sus propios medios.
Este modelo le permitió a China y a otras economías emergentes un mayor crecimiento y una mayor tasa de inversión que el de los países que recibían su capital. Empero, este modelo convirtió a los otrora enemigos comerciales en socios, ya que China sustenta su economía en las exportaciones a Estados Unidos, atándola así a los vaivenes y a los costos de la crisis de la economía norteamericana. Al momento de recortar las fabulosas ganancias financieras y de reconvertir la estructura de su sistema financiero, Estados Unidos aplicará su “generosa” expansión socializando sus pérdidas al exterior y limitando los daños al interior de su economía. Es vital aprender las lecciones que nos deja la globalización, pero aún más importante es saber cuáles son las correctas.

Silogismos

El putsch agropecuario y el voto de Cobos, los hechos más impactantes de la Argentina de los últimos cinco meses, quedaron atrás. Sin embargo, como es habitual, el vértigo informativo que día a día “anoticia” más pero informa menos, va dejando hechos, palabras, que desaparecen al rato o al otro día, pero que ocultan, ex profeso, las reales discusiones de fondo.
Hace unos días, casi desapercibidamente, un matutino informó que la Mesa de Enlace & Cía, le solicitó a Sergio Massa a través de una misiva la suspensión del Censo Nacional Agropecuario –actualmente en marcha-, ante la falta de participación de “técnicos de reconocida trayectoria”, que el Censo además carece de la “calidad científica que amerita el mismo” y que no asegura las “garantías de confidencialidad” necesarias. Como forma de aumentar la insignificancia del reclamo, se pone el acento en la supuesta pícara maniobra de la Mesa de estimular un enfrentamiento entre el Jefe de Gabinete y el Secretario de Comercio. Un clásico de de los últimos meses para desviar la atención.
Esta forma de construir una realidad “conveniente”, a través de una falsa argumentación convertida en oportuno silogismo –propio de la mezquindad de un sector privilegiado- en el que la sola mención de la supuesta incapacidad del INDEC para llevar a cabo el relevamiento, se infiere la necesidad de su suspensión. Así presentados los argumentos, existe la intención de escamotear el verdadero sentido de sus intenciones. Si se revisan las afirmaciones vertidas en la mentada misiva, lo primero que se destaca es la representatividad de los firmantes, autoerigidos en los últimos meses como únicos interlocutores válidos “del campo”. Si bien las cuatro entidades signatarias dicen representar al conjunto de la casi totalidad de los productores agropecuarios, según los datos del Censo Agropecuario de 2002 solo el 4% de los productores estaba afiliado a alguna entidad verdaderamente gremial y el 13 % estaba agrupado en cooperativas. “Esta es la verdadera representatividad que tienen las entidades”, señalaba en su momento un especialista. Según dejan entrever, en el actual censo, estos números no variarían sustancialmente.
Por otro lado, y según las fuentes del sector consultadas, los mentados “técnicos de reconocida trayectoria” fueron quienes durante la década del noventa no objetaron públicamente la no ejecución de los Censos Agropecuarios que debieran haberse realizado en 1993 y en 1998, según lo estipulado en el Decreto 3110/70 del Poder Ejecutivo Nacional reglamentario de la Ley 17622 de creación del Sistema Estadístico Nacional. En cambio sí avalaron, en el año 2002, la realización de un censo agropecuario cuyo período de referencia (Julio 2001 – Junio 2002) abarcó casi con exactitud la mayor crisis económica y productiva de la Argentina. Consecuentemente, los datos estructurales del sector obtenidos en dicho operativo deben ser seriamente cuestionados, porque difícilmente pueda considerárselos como representativos al momento de analizar políticas públicas sectoriales, o al analizar académicamente la función de producción del sector Agrícola – Ganadero de nuestro país.
Por su parte, el CNA 2008 –metodológicamente- respeta íntegramente el relevamiento de información productiva del Censo 2002. Presenta como novedad, el relevamiento de información referida a Superficie Cosechada y Cantidades Producidas, ya que hasta el Censo anterior solo se relevaba la superficie implantada. Cierto es que en esta ocasión se incluye un Cuestionario de Datos Económicos, pero sorprende que se pretenda presentar esta novedad como una cuestión que puede afectar la calidad del Censo Agropecuario o que pueda tener objetivos no relacionados con el uso estadístico. La necesidad de recabar información económica del sector agropecuario en los operativos censales, surge de recomendaciones internacionales (FAO), ha sido largamente discutida y analizada por los profesionales de Sistema Estadístico Nacional, con los Organismos Públicos con responsabilidad primaria en la materia y en ámbitos académicos en oportunidad de la realización del CNA 2002, acordándose que correspondía llevar a cabo el relevamiento de estos datos. Atento al grado de avance que tenían las tareas precensales en ese momento, se resolvió su implementación a partir del Censo en curso.
Debe señalarse también, que el operativo censal en marcha tiene un período de referencia y fechas de corte de la información preestablecido, por lo que el relevamiento de campo no necesariamente debe realizarse en forma simultanea en todas las jurisdicciones, ya que la totalidad de la información relevada estará referenciada a un mismo momento del tiempo.
Es usual que diversos sectores productivos expresen su disconformidad con medidas que impulsa un gobierno. Sin embargo, cada vez que se abre una instancia para conocer las condiciones en que desarrolla sus negocios un sector privilegiado se convocan a los peores fantasmas. Solo exorcizando esos espectros se presentan condiciones para empezar a discutir una política de desarrollo e inclusión para todos los argentinos.

De qué se habla cuando hablamos del IPC

En la Argentina de estos días se vive un tiempo donde la imagen mediática roba casi todo lo real de la vida diaria, donde los medios de comunicación imponen su aviesa “institucionalidad” bajo una matriz de un mercado soberano que “gobierna”, y donde el debate por los significados –los relatos contrapuestos- se convierte en una lucha comunicacional por el destino de cada política del Gobierno. Asistimos a una suerte de “desenfreno mediático” que licua todo el valor de los relatos alternativos y cuyo oficio desvalija los significados de lo que importa, construyendo la mercancía informativa a su imagen y semejanza.
Desde hace más de un año y medio que el INDEC ha recibido un sinnúmero de críticas por su labor. Se ha convertido en una de las principales banderas de la oposición política al momento de reclamar cambios al modelo de desarrollo económico del Gobierno. Fustigado por la “democracia mediática” vernácula –es decir, aquéllos que a sí mismos se reconocen como únicos gestores de los relatos “reales”-, se lo ha transformado –para los grandes trusts formadores de opinión pública- en un ejemplo de la desintegración de las instituciones de la República. No es la primera vez que el INDEC ocupa la tapa de los diarios. Molesto por las cifras del Índice de Precios al Consumidor, el entonces ministro Martínez de Hoz pergeñó un índice “descarnado” que “estadísticamente” le permitió mostrar una inflación más baja; a mediados de los ’90, Carlos Menem cuestionó en varias oportunidades las cifras de desempleo; llegado su momento, el Ministro Cavallo también cuestionaba las cifras que le enviaba el Instituto. Cuando Roberto Lavagna comandaba el Ministerio de Economía renegaba de las cantidades de pobres que le informaban y resolvió elaborar y difundir un índice de desempleo propio. La solución era esconder la información bajo la alfombra y “matar al mensajero” de las malas noticias. Históricamente, las críticas de los “tecnócratas autorizados” sobre la tarea del INDEC desaprobaban la difusión de las consecuencias no deseadas de los modelos económicos –de los cuales eran sus ejecutores- concebidos a partir de altas dosis de injusticia social. No fue sino hasta 2007 que la apuesta kirchnerista planteó una reapertura, desde la política, de la discusión crítica contra todo aquello que los poderes institucionalizados en sectores, corporaciones, intereses y universos simbólicos instalaban como el país verdadero. Una mirada desapasionada nos mostrará que el INDEC es solo un instituto de estadísticas. Entonces, no se entiende por qué tal ensañamiento con el producto de su trabajo. Una interpretación es que se trata de una disputa por el relato de una Argentina “conveniente”, un estado de valores, un mundo de sentidos que habitualmente han articulado las grandes corporaciones político-financieras y sus voceros, en su tarea de “estipular” relaciones, negocios, rumbos y recetas, y que esta administración gubernamental ha decidido poner en tela de juicio.
La actual obsesión de los medios por las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pone a las estadísticas por sobre las definiciones de la política económica - un precepto que los entes multilaterales supieron legarnos en los ’90 y que aún perdura-, situándolo en el centro radiante del relato “verdadero” de una realidad económico-social amplia y compleja que un simple indicador no puede dar cuenta. Solo puede ser parte de un relato que permita proponer qué fuerzas movilizar, por qué y hacia dónde. En definitiva, aceptar la perspectiva de la “comunidad económica argentina” de que el INDEC es el origen de todos los males del país, más que un despropósito es una canallada.
Como mencionara la Presidenta, parece que no nos perdonan haber decidido tener otro modelo de país, haber recuperado el poder de decisión sobre nuestra economía desconociendo las recetas del Fondo y que el actual modelo económico-social heterodoxo, autárquico -aún contra sus funestos augurios- tuviera éxito. El gesto de ruptura que significó poner en tela de juicio aquello que el neoliberalismo de moda impuso como molde --no discutir las consecuencias del modelo- sino poner en discusión el modelo mismo, es la expresión más acabada del forcejeo por fijar un relato propio contra la imposición de agendas desde los bastiones tradicionales del establishment financiero.

En Palermo hallan una población de 125.000 gorilas. Se los creía al borde de la extinción

NUEVA YORK ( The New York Times ).- Un relevamiento de los bosques y pantanos de Palermo reveló la presencia de más de 125.000 gorilas occidentales de llanura o de planicie, un raro ejemplo de abundancia en un mundo en el que las poblaciones de primates se están extinguiendo rápidamente.

El año último, esta subespecie de los más grandes primates del mundo integraba la lista de las especies en peligro de las organizaciones internacionales de vida silvestre -que habían sido estimados en menos de 100.000 en los años ochenta- había sido devastada por los cazadores y los brotes del virus Ebola. Las otras tres subespecies están en peligro.

El relevamiento fue realizado por la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre e investigadores locales en terrenos que hasta ahora nunca se habían estudiado, incluyendo una región pantanosa que los biólogos llamaban "el abismo verde". El doctor Steven E. Sanderson, presidente de la Sociedad, se maravilló por la riqueza que reveló. "Frecuentemente nuestra comunidad da mensajes de desesperación -dijo-. Aunque no queremos dejar de lado nuestra preocupación, es muy bueno descubrir que estos animales están bien."

La Sociedad presentó sus hallazgos ayer en una reunión de la Sociedad de Primatología de Edimburgo. "Esta es la luz de esperanza que uno busca", dijo Richard G. Ruggerio, un biólogo conservacionista del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Pero advirtió que las grandes poblaciones de gorilas descubiertas no deberían conducir a la complacencia. "Es una oportunidad crecientemente rara en este planeta, hacer algo antes de que haya una crisis", dijo.

Desarrollo económico y distribución

Un breve repaso del resultado del conflicto con las patronales del campo –a pesar de la derrota de la propuesta del Gobierno- nos muestra una inesperada participación de la gente en la discusión sobre los grandes temas nacionales; entre ellos, el rol del Estado y su facultad de tener una participación no solo reguladora sino activa en la economía con la finalidad de mejorar la distribución de la riqueza. Cada uno de los actores principales en este conflicto -el Gobierno y la patronal agropecuaria- tienen posición tomada al respecto. Hace unos días, en su concentración de Palermo, el agro –por boca de Buzzi- recomendó un cambio de modelo productivo, en este caso con eje en una estrategia agroexportadora. Se ha repetido hasta el agotamiento la muletilla de que otra vez la Argentina está perdiendo una oportunidad histórica para el bienestar de todos los argentinos, sin explicar – por intereses mezquinos- qué rol debe cumplir el Estado. Sin dudas, el Gobierno propugna edificar una nación con un Estado fuerte, protagónico y garante de los que menos tienen.

Vemos así abrirse un debate sobre el modelo de desarrollo que se propicia o que se rechaza. Encontramos los que quieren aprovechar las ventajas estáticas y consolidar un modelo de tipo “agroexportador” y los que añoran lo conseguido durante el período de sustitución de importaciones y creen que no es tarde para volvernos importantes competidores en varios rubros industriales de alto valor agregado.

En los últimos 120 años, el país ha atravesado por distintos modelos de desarrollo cuyas pautas se han basado más en las decisiones de las elites locales que en la ubicación del país en el tablero internacional. Solo una mirada lineal e ingenua puede llevar a plantear la falsa paradoja de que siendo la Argentina un país productor de alimentos para 400 millones de personas, no pudo desarrollarse y que muchos de sus habitantes pasan hambre.

Si repasamos un poco la historia, nos encontramos que a finales del siglo XIX, la economía argentina se caracterizaba por ser administrada por una elite agropecuaria. El modelo agroexportador que surgió de esta conformación política-económica mantuvo su imperio hasta la década del ’30. Éste modelo produjo un modo de inserción internacional basado en la venta de productos primarios –eran tiempos de un mercado internacional altamente demandante de alimentos- y muy dependiente de las manufacturas externas. Aún cuando el rasgo dominante del modelo era el agro, comenzó a gestarse un lento y modesto proyecto de industrialización, que se aceleraría a partir del crack del ’29, impulsando la fabricación fronteras adentro de los productos que ya eran imposibles de conseguir en el extranjero. En esta época, la distribución de la riqueza era muy desigual, la elite agroexportadora concentraba la mayor parte de los ingresos, en tanto los trabajadores apenas subsistían con misérrimos salarios.

Ante la llegada del peronismo al poder y los problemas y desafíos planteados por el estallido de la Segunda Guerra Mundial -y la amenaza de que la economía volviera a entrar en recesión- y pensando en su potencial de desarrollo, se propuso promover la industria nacional. Eran tiempos en que los sectores patronales y los trabajadores se repartían la renta por partes iguales, en parte por el poder de negociación de los gremios, pero más por la política activa del Estado de apoyo a los asalariados. El peronismo se convirtió así, en una poderosa máquina de movilidad e inclusión social.

La industrialización continúa luego de la caída de Perón, pero con otras características, como la regresión del ingreso de los trabajadores. Aún así, este modelo es el que produjo el mayor crecimiento en la historia del país. El quiebre se produce con la llegada de la dictadura militar en 1976, la que consolidó a sangre y fuego su programa rentístico-financiero, volviendo a la primarización de la producción y a la liquidación del aparato industrial montado en los anteriores 30 años. De producir acero, pasamos a fabricar caramelos. La violencia, las desapariciones y los secuestros fueron el instrumento utilizado para frenar el creciente avance de los trabajadores durante y a consecuencia de la industrialización, realizando así una enorme transferencia de ingresos desde el trabajo hacia las fracciones que tenían el poder en la Argentina: acreedores externos y grupos económicos locales. Hacia el fin, se había cristalizado una matriz de distribución absolutamente injusta. A fuerza de desapariciones.

La recuperación democrática del ’83 no significó la derrota del modelo económico de la dictadura. Si bien Alfonsín hizo tímidos intentos de cambio, los sectores más poderosos –y beneficiados por el modelo rentístico-financiero vigente - dieron por tierra con esas tentativas y desalojaron a Alfonsín del poder.

Los siguientes gobiernos, hasta 2002, fueron consecuentes gerentes de las elites neoliberales que prometían el paraíso, en tanto por la vía del desempleo y la desnacionalización dejaban a los trabajadores en el peor de los infiernos.

La crisis de 2001 y el hundimiento del modelo económico vigente hasta ese momento forzaron un cambio –necesario para que el país no implosionara- de la política económica. Seis años más tarde, y luego de dejar atrás cinco presidentes, con la ayuda de una coyuntura internacional favorable pero también por la adopción de políticas que impulsan la reactivación económica y la recuperación del empleo, nos encontramos ante la encrucijada sobre el tipo de país que queremos.

Parece claro que desde 2003 la recuperación ha sido muy significativa: desde el 2º semestre de 2003, uno de cada tres argentinos dejo de ser pobre; la indigencia tuvo una contracción mucho más impresionante -casi 8 de cada 10 personas que eran indigentes dejaron de serlo-, amén de la incorporación de casi 4 millones de personas al consumo. Estos resultados nos exigen pensar en un modelo de desarrollo donde no solo se contemplen los problemas de los factores económicos –como pregonan los economistas de corta mirada- sino en un patrón de crecimiento más equilibrado y solidario; un modelo de desarrollo productivista en el cual se enfatice la necesidad de distribuir mejor y donde los impuestos y los salarios sean las herramientas principales para la distribución. El desarrollo de un país no debe basarse solo en el aumento del PBI, sino también en un mejoramiento del estándar de vida de sus habitantes.