jueves, 7 de enero de 2010

Los limites del Golden Redrado



A casi un mes de promulgado el DNU Nº 2010, que crea el Fondo del Bicentenario, nunca fue tratado en las reuniones del Directorio del Banco Central. La creación del Fondo ha atravesado las más disímiles críticas, las más ácidas, todas ellas interesadas. La presentación ante la Corte Suprema la realizó la provincia de San Luis, cuyo ex gobernador, Adolfo Rodríguez Saá, fue quien decretara el default que enterrara económica y moralmente a la Argentina por muchos años. Como si eso no fuera suficiente, la presentación se encuentra patrocinada por Rodolfo Barra y Horacio Tomás Liendo, importantes espadas jurídicas del menemismo, aquél que sancionara en 1992 la Carta Orgánica del Banco Central, inspirada en los postulados de la economía neoliberal del Consenso de Washington. Si los lobistas –el elenco estable de analistas económicos del establishment conservador-neoliberal y la oposición política representada por los mismos que empujaron a la Argentina a la bancarrota económica y social- salen a defender la autarquía del Banco Central tan entusiastamente no se puede dejar de sospechar qué estarán cuidando. Los exaltados defensores de la anulación del DNU 2010 pertenecientes a la bancada radical deberían recordar que el efímero gobierno de De La Rúa asumió con 30 mil millones de dólares de reservas y al momento de abandonar el cargo dejaba en las arcas del Estado menos de 10 mil millones de dicha moneda. Son éstos los personajes que por estas horas se encuentran defendiendo a capa y espada al presidente del Banco Central y a la mal comprendida autarquía del mismo.
La misión fundamental que la legislación le impone al Banco Central -y por ende a su Presidente- es la de velar por la defensa del valor de nuestra moneda. La creación del Fondo es una medida que avanza en dicho sentido. Sin embargo, Redrado obstaculiza con su accionar el cumplimiento de dicho cometido, incumpliendo el decreto que tiene plena vigencia en tanto y en cuanto no sea derogado por la Comisión Bicameral. De por sí este hecho implica una violación a la ley pero además tipificaría una conducta de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A esta interpretación Redrado opone lo prescripto en la Carta Orgánica respecto a la autarquía de dicho Organismo.
Este accionar tiene sus consecuencias. El Riesgo País había alcanzado el pasado 11 de diciembre, último día hábil previo a la sanción del mencionado DNU, un valor de 733 puntos básicos. A partir de la sanción de dicho Decreto este indicador inicio una franca senda descendente que se profundizó luego que la oposición legislativa fallara en su intento de derogarlo, para alcanzar el día 5 de enero un piso de 613 puntos básicos. Si se aceptara la validez de este indicador para medir las expectativas respecto a la estabilidad de la moneda y el desenvolvimiento de la economía, debería concluirse que la sola creación del Fondo del Bicentenario y el mantenimiento de su vigencia permite una baja de las tasas tanto para el sector público como el privado que coadyuvan al desarrollo económico interno, tal como se contempla en los considerandos de dicha medida presidencial. Habiendo tomado estado público el incumplimiento y la aceptación de la renuncia de Redrado –que pusiera a disposición repetidas veces- por parte de la Presidenta de la Nación, el Riesgo País escalo hasta los 656 puntos básicos el 6 de enero. Siguiendo la lógica del pensamiento económico ortodoxo, significaría que en un solo día el comportamiento caprichoso del presidente del Banco Central fue interpretado como una caída del 36% de la confianza de los mercados respecto de la estabilidad de nuestra moneda.
La oposición pone el grito en el cielo y los grandes medios baten el parche de la quiebra institucional. En aras de sincerar las cosas, sería deseable que Martín Redrado recordara que hace 5 años asumió la presidencia del Banco Central como parte de un proyecto político y no que fuera seleccionado a través de un aviso clasificado. Tiene todo el derecho del mundo a opinar distinto del Gobierno que integra, pero su actitud delata una falta de respeto a los acuerdos, carencia de códigos y un sino de incumplimiento. Si tan mal cree que se están haciendo las cosas, debería anunciar públicamente que ya no se siente parte de este proyecto y renunciar. Por el bien del país que él dice defender.

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